Vicuña: USD 18M de diferencia, 2.000 empleos perdidos

Imaginate que invitás a un grupo de amigos a un asado en tu casa.

Vos ponés el quincho, la parrilla, la leña, las sillas, los vasos, los platos. Garantizás que no se moje, que no falte luz, que haya hielo. Los invitados llegan, pero llegan con todo lo suyo: la carne ya cortada en su país, sus propios cuchillos, su propia gente para atender la parrilla. Comen, conversan, brindan. Cuando termina la noche, se van. A vos te dejan los platos para lavar y la cuenta del gas.

Y te agradecen por la hospitalidad.

Eso es lo que está pasando en Vicuña. Argentina pone el suelo, el régimen regulatorio, los incentivos fiscales del RIGI, la seguridad jurídica que vuelve viable la inversión. China trae los módulos completos, sus propios técnicos, sus propias brigadas. Argentina recibe unos cuantos empleos y se queda con dos huecos: uno en el cerro y otro en la economía.

El dato que duele

USD 70 millones contra USD 52 millones. Esa es la diferencia entre la oferta argentina y la china que ganó el campamento Batidero, la primera gran adjudicación del proyecto minero Vicuña. En términos absolutos, USD 18 millones. En términos relativos, el 0,01% del costo total del proyecto (USD 18.000 millones hasta 2040).

Por ese 0,01%, Argentina pierde entre 1.500 y 2.000 empleos directos e indirectos. El consorcio chino va a operar en San Juan con aproximadamente 50 personas, casi todas dedicadas a logística de ensamblaje. El resto del trabajo —fabricación, ingeniería, soldadura, instalaciones— se hace en China.

Esto no es un detalle contractual. Es la primera pieza de un cronograma de licitaciones que va a definir cómo se reparte la inversión más grande de la historia productiva argentina.

Qué pasó

A principios de junio de 2026 se conoció la adjudicación del campamento residencial Batidero, que va a alojar a los trabajadores del proyecto Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining en la cordillera sanjuanina.

Ganó un consorcio integrado por las firmas chinas PowerChina y Beijing Chengdong, junto con la empresa argentina RAFA S.A. (Santa Fe). Oferta: USD 52 millones.

Perdió Modular Homes, fabricante argentino especializado en construcción modular para minería. Oferta: USD 70 millones.

El esquema técnico aprobado prevé fabricar los módulos habitacionales completos en China, traerlos por barco hasta puerto argentino, trasladarlos por tierra a la cordillera y ensamblarlos en San Juan. El campamento arranca con 2.500 trabajadores, llega a 5.000 en régimen y proyecta una expansión hasta 12.000 personas.

Una ciudad entera, importada llave en mano.

Por qué la comparación de precios no es justa

La diferencia de USD 18 millones no se explica porque la industria china sea técnicamente más eficiente. Hay dos fuerzas estructurales que distorsionan la comparación.

Lo que abarata la oferta china. Las empresas chinas que compiten en infraestructura internacional reciben respaldo estatal sistemático: financiamiento blando de bancos de desarrollo, incentivos fiscales a la exportación de soluciones llave en mano, políticas industriales que subsidian a sectores considerados estratégicos. Encima, ejecutan estos contratos con brigadas propias que entran al país, hacen la obra y se van. El precio nominal que cotizan no refleja el costo productivo real: refleja una mezcla entre eficiencia de escala y subsidio efectivo.

Lo que encarece la oferta argentina. La industria modular nacional carga con una estructura impositiva, arancelaria y previsional que pesa fuerte sobre el costo final. Aranceles a insumos importados, ingresos brutos en múltiples jurisdicciones, IVA no siempre recuperable, cargas sociales que duplican el costo laboral nominal. Sumado a un escenario macroeconómico recesivo, con sector privado paralizado por la falta de crédito, las empresas argentinas tienen que cotizar incorporando primas de cobertura por volatilidad que un oferente externo en dólares no necesita asumir.

Buena parte de los USD 18 millones de diferencia es eso: carga fiscal local más subsidio extranjero. No menor competitividad técnica.

La metodología que se usa en licitaciones públicas maduras para neutralizar estas distorsiones se llama Análisis de Costo Total de Propiedad (TCO): incorpora empleo directo e indirecto, aportes fiscales, divisas que quedan en circulación local, transferencia de know-how, plazo y flexibilidad. En muchos países es obligatorio en proyectos por encima de cierto umbral de inversión. En el caso Batidero, no es público si se hizo.

Lo que viene

Batidero es una pieza chica dentro de un cronograma enorme. En los próximos años, Vicuña va a licitar:

Ampliaciones del campamento hasta las 6.000 camas necesarias para operación plena.
Plantas de tratamiento y procesamiento mineral.
Infraestructura electromecánica asociada.
Caminos de acceso permanentes, sistemas de agua y energía.
Servicios técnicos especializados durante toda la fase de operación, que se extiende décadas.

El método de evaluación que se consolide en estas primeras adjudicaciones es el que va a regir todas las siguientes. La matriz se fija al principio. Cuando alguien quiera revisarla, ya va a haber un consorcio operando, contratos firmados y una racionalidad de continuidad —cierta en lo inmediato, miope en lo estructural— que vuelve antieconómico cualquier cambio.

En doce meses, esta discusión va a ser costo hundido.

Lo que el Estado puede hacer hoy

La inversión es del inversor. Es legítimo que la recupere con rentabilidad. Pero el suelo, el marco regulatorio y los incentivos que la hacen posible son aportes argentinos, y tienen un valor que también debería pesar en cualquier adjudicación.

Que se traduzca en condiciones de integración local —porcentaje mínimo auditable, transferencia tecnológica, participación obligatoria en ciertos paquetes de obra, TCO obligatorio sobre umbral— es una decisión que el Estado puede tomar. Hoy. Mientras todavía hay margen.

Las próximas licitaciones se van a adjudicar pronto. Después, ya no es debate. Es inventario.